El Ayuntamiento de Majadahonda ha presentado a la Delegación del Gobierno el proyecto para instalar 118 cámaras de seguridad y tráfico.
Ha sido el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y el concejal de Seguridad, Ángel Alonso, quienes trasladaron la iniciativa, durante la reunión mantenida con la Delegada del Gobierno, Mercedes González, antes de su paso por la Comisión de Vigilancia de la Delegación, en las próximas semanas, y que “será el paso previo para la licitación del proyecto”.
Se contempla una inversión de 4 millones de euros. Los dispositivos serán colocados en lugares estratégicos, como “todas las entradas y salidas del municipio”, las zonas de “mayor tránsito peatonal y rodado” y “alrededores de las urbanizaciones”.
CÁMARAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
En declaraciones a En Papel, el jefe de Policía, Ismael Illán, ha explicado que se trata de cámaras de última generación, dotadas con un software inteligente, que permite, entre otros avances, distinguir “cualquier tipo de movimiento o parámetro que previamente se le haya marcado”.
Sus prestaciones son “muchísimo mayores” que las de una cámara convencional, ya que tienen capacidad de “rastrear movimientos”, “seguir grabando imágenes” y enviar notificaciones o alertas, entre otras.
Permiten analizar datos, lo que significa que disponen de un “análisis forense de las imágenes”, al poder “concentran el movimiento o todo lo que haya ocurrido en un tiempo concreto”.
Son tan precisas que, por ejemplo, si se busca a un sospechoso, con una capucha de color negro, en un horario determinado, cuando se detecta un individuo con esas características, el software lanza un aviso a la central. Por su parte, los lectores de matrículas realizan una trazabilidad, en todas y cada una de las cámaras, sobre matrículas concretas.
Destaca Illán que tienen otras herramientas, como el conteo de personas y vehículos. “Tienen un sistema y una tecnología muy sofisticada. Va a ser líder en el sector por las prescripciones que hemos marcado para el pliego. Están dotadas de potentes algoritmos de aprendizaje” , puntualiza el jefe de Policía. En cuanto a su utilización, están sometidas a control por Delegación del Gobierno, las Directivas Europeas y la Ley de Protección de Datos. “Las imágenes se borrarán tras 30 días y se usarán con fines judiciales, cuando sean requeridas para ello”, concluye Illán.
